El Defensor del Pueblo respalda la acusación por lesa humanidad contra los jefes de ETA El informe sobre las víctimas elaborado por el organismo se unirá a la investigación que dirigen los tribunales argentinos contra los responsables de la banda por este delito Foto: Josu Ternera es uno de los cinco jefes de ETA procesados por la Audiencia Nacional. (EFE) Josu Ternera es uno de los cinco jefes de ETA procesados por la Audiencia Nacional. (EFE) Autor Roberto R. Ballesteros Contacta al autor RRBallesteros Tags ETA (banda terrorista)Defensor del PuebloArgentinaAudiencia NacionalSoledad BecerrilTerrorismo Tiempo de lectura7 min 01.01.2017 – 05:00 H. - Actualizado: 16 H
El informe elaborado por el Defensor del Pueblo
sobre 'Los derechos de las víctimas de ETA' llegará a la Corte Federal
argentina que investiga a los jefes de la banda terrorista por el delito
de lesa humanidad. La asociación Dignidad y Justicia, que presentó la
querella que dio origen a la causa instruida por el juez Rodolfo Canicoba,
presentará ante el tribunal el mencionado estudio con el fin de mostrar
lo que consideran una vía judicial señalada por el Defensor del Pueblo
para seguir avanzando en el procedimiento.
El estudio del departamento dirigido por Soledad Becerril, de hecho, enmienda la plana al último auto de la Audiencia Nacional que se negó
a remitir a la corte federal argentina información sobre las causas
rastreadas en España alegando que lo que reclamaban desde el otro lado
del Atlántico era cosa juzgada. "Esta causa, que comenzó a dar sus
primeros pasos en marzo de 2016, primero deberá acreditar que los
atentados de ETA han sido investigados y juzgados en España, nunca desde
la perspectiva de la lesa humanidad", subraya sin embargo el informe,
que contradice al alto tribunal español y añade que, "aclarado este
hecho, llegará el momento de proceder contra los querellados, cuya extradición será previsiblemente solicitada para interrogarles en Argentina".
El
Defensor del Pueblo recuerda que "la Cámara Criminal y Correccional
Federal de Argentina anuló el pasado mes de marzo el archivo de la
querella presentada por Dignidad y Justicia contra 22 miembros de
Batasuna y 19 jefes de ETA por lesa humanidad". "Tras esta resolución,
el juez tendrá que admitir y abrir un procedimiento contra todos ellos
para investigarles como inductores y partícipes de los crímenes de la organización terrorista ETA",
subraya el documento, que agrega que el juez Canicoba llevará a cabo
estas diligencias "por el principio de justicia universal una vez
constatado y acreditado que en España la investigación por lesa
humanidad se limitó a los crímines perpetrados a partir del 4 de octubre
de 2004, que es cuando se incorporaron estos delitos a la legislación
española".Esta línea que aventura el Defensor del Pueblo
replica a la apuntada por el mencionado auto de la Audiencia Nacional,
que argumentó que Argentina no podía seguir por ese camino debido a que
ya se había recorrido en España, algo que rechaza frontalmente también
Dignidad y Justicia, que critica también las nulas diligencias
seguidas por el alto tribunal español durante el último año, en el que
la Audiencia Nacional ni siquiera a comunicado a los cinco procesados su situación.
En concreto, la Audiencia Nacional respondió a la comisión rogatoria remitida por Argentina que los tribunales de Buenos Aires "carecen de jurisdicción"
para investigar estos hechos "conforme a la legislación interna".
"Nuestros tribunales han rechazado la calificación jurídica de estos
hechos como delito de lesa humanidad, pero han investigado y enjuiciado
de forma efectiva a cientos de individuos por su participación" en los
asesinatos cometidos por ETA, argumentó el alto tribunal español. El
informe del Defensor del Pueblo contradice el auto de la AN que
consideró la investigación de Argentina contra ETA por lesa humanidad
como "cosa juzgada"
Y es que en paralelo a la investigación
abierta en Argentina existe otra instrucción iniciada meses antes en la
Audiencia Nacional. En concreto, tras la admisión a trámite ordenada en
julio de 2015 por el juez Juan Pablo González -entonces al frente del Juzgado Central 3- de la querella interpuesta también por Dignidad y Justicia. El magistrado procesó a cinco jefes de ETA por el mencionado delito de lesa humanidad. Se trataba de José Antonio Urruticoechea Bengoechea 'Josu Ternera', Garikoitz Aspiazu Rubina 'Txeroki', Mikel Carrera Sarobe 'Ata', Aitxol Iriondo Yarza y Aitor Elizarán Aguilar.
El
instructor los consideraba los máximos responsables de los asesinatos
en masa cometidos por la banda terrorista desde octubre de 2004 -que fue
cuando se incorporó el tipo penal a la legislación española- hasta la
actualidad. Se trataba de una investigación pionera en España no solo
por el hecho de acusar a los jefes de ETA de un delito tan grave, sino
también por hacerlo a través de la teoría de hacer responsable de un asesinato no solo a quien aprieta el gatillo sino también a quien ordena el crimen.
"El juez
consideró que los máximos dirigentes de la organización terrorista no
solo tuvieron conocimiento de la planificación de los atentados antes de
que se cometieran, sino que impartieron a sus autores materiales las
instrucciones para que los ejecutaran y eludieron intervenir para
frenarlos", explica el Defensor del Pueblo en el citado informe. "Estos
actos en modo alguno pudieron ser ejecutados sin que los autores materiales recibieran órdenes concretas y precisas de los máximos dirigentes", argumentó el auto del juez González que procesó a los cinco jefes de ETA mencionados en octubre de 2015.
Sin
embargo, la causa ha avanzado a trompicones en la Audiencia Nacional
tras el mencionado procesamiento. El juez González fue sustituido por la
magistrada Carmen Lamela al frente del Juzgado número 3. La nueva
inquilina, sin embargo, no tenía las mismas ganas de impulsar la causa
contra ETA que su antecesor y sus hechos lo fueron demostrando. Nada más
llegar a su nuevo despacho, protagonizó uno de los episodios más rocambolescos
vividos en la Audiencia Nacional. Uno de los procesados, Aitor
Elizarán, cumplía su condena en Francia, por lo que las autoridades
galas decidieron enviarlo a Madrid. Sin embargo, y a pesar de que el
juez de enlace con Francia Javier Gómez Bermúdez avisó de su llegada, ningún miembro de las fuerzas de seguridad le esperaba en el aeropuerto Adolfo Suárez.
La Fiscalía pidió su detención cuando Dignidad y Justicia lo solicitó, pero el dirigente etarra ya había desaparecido. La cambiante
posición del Ministerio Público, que luego dijo que en realidad no
había motivos para arrestar al etarra, y unas extrañas conversaciones
entre la letrada del procesado y la Audiencia Nacional enturbiaron aún
más el asunto, que derivó en una serie de recursos de los querellantes
que aún no han sido ni resueltos por la jueza Lamela.
Soledad Becerril, Defensora del Pueblo. (EFE)
Luego la magistrada decidió trocear el procedimiento
y repartir la causa en diferentes juzgados de la Audiencia Nacional que
habían investigado asuntos relacionados con los cinco procesados.
Argumentó la titular del Juzgado número 3 que de esta forma se evitarían
"retrasos injustificados" y se aceleraría la instrucción. Sin embargo,
desde que Lamela tomó esa decisión, la causa ha permanecido paralizada.
Ninguno de los jueces que se repartieron el procedimiento ha tomado
decisión alguna en relación con la investigación más allá de la que tomó
la propia Lamela de excluir de la causa a Elizarán porque algunos
informes le sitúan como número dos de la banda, y no como máximo
responsable, resolución recurrida por los querellantes, que entienden
que lo importante no es que fuera el jefe, sino que estuviera en la
cúpula, en el órgano que dictaminó asesinar.
Pero no es solo que los jueces responsables no hayan tomado decisión alguna, sino que la propia Lamela ha seguido pronunciándose
sobre determinados extremos de la causa a pesar de haberse inhibido de
la mayoría de ellos. En concreto, sobre el mencionado levantamiento del
procesamiento a Elizarán. La jueza lo ordenó el pasado 20 de abril, 19
días después de que la Sala de lo Penal confirmara la inhibición que
antes había acordado la propia Lamela a favor de los juzgados 1, 4 y 6,
que únicamente dejaba a la magistrada la competencia para investigar el asesinato de Isaías Carrasco
cometido el 7 de marzo de 2008. Quedaba al margen de sus atribuciones,
por lo tanto, la actuación de Elizarán, que se sitúa en la cúpula de ETA
únicamente desde mayo de 2008 hasta octubre de 2009, cuando es
detenido. Esta supuesta falta de competencia seguirá peleándola
jurídicamente Dignidad y Justicia, que prepara ya acciones legales en
ese sentido.
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