Sin arreos episcopales, pero allí estaba, el sábado, en la firma de la entrega de las armas de ETA, el arzobispo de Bolonia, Matteo Zuppi. Y su presencia mandaba dos claros mensajes. El primero, que lo que allí se estaba desarrollando contaba con la bendición del Vaticano. Y el segundo, dejar en evidencia, con su mera comparecencia, a los tres obispos vascos, a los que ni el Gobierno de Iñigo Urkullu ni El Vaticano invitaron al acto. Ni siquiera sabían que iba a estar en él su colega italiano.
«Los
obispos vascos actuales se han quedado fuera de juego en el proceso de
paz». Así de taxativo define un sacerdote vasco el irrelevante papel
jugado por los obispos de Vitoria, Bilbao y San Sebastián en la
escenificación de la entrega de armas de ETA. Mario Iceta, obispo de Bilbao; Juan Carlos Elizalde, obispo de Vitoria, y José Ignacio Munilla,
obispo de San Sebastián, no estuvieron en efecto en Bayona ni se les
esperaba. Primero, porque no se les invitó. Segundo, porque, de haberlos
invitado, no hubieran aceptado asistir. Y tercero, porque la sintonía
episcopal vasca con el Gobierno del PNV y con El Vaticano es, en estos momentos, «sumamente débil».
«Hasta el mismísimo Ricardo Blázquez
habría tenido un papel mucho más activo, de haber seguido como obispo
de Bilbao», explica un sacerdote alavés, fino conocedor de los
entresijos de las curias de las provincias vascas. «Está claro que los
tres obispos vascos actuales no cuentan para el Gobierno vasco y ni
siquiera para el propio Vaticano», añade.
En la Iglesia
vasca se enfrentan dos vías de cara al tratamiento eclesial del final de
la violencia de ETA. Por un lado, la de la Nunciatura española,
encabezada por Renzo Fratini y seguida por los prelados
vascos, que apuesta por un final del proceso exigente con ETA y
contrario a la parafernalia exhibicionista de la entrega de armas. Por
otro, la vía de la Secretaría de Estado del Vaticano, dirigida por el
cardenal Pietro Parolin, que apuesta por hacerse
presente en este final del proceso etarra, pero no a través de los
obispos vascos, sino a través de la Comunidad de San Egidio, uno de cuyos máximos responsables es el arzobispo Zuppi.
Según
ha podido confirmar este periódico, El Vaticano ni siquiera avisó a los
prelados vascos de la presencia de Zuppi en el acto de Bayona. La
participación del arzobispo contó con la aprobación de Roma, aunque
oficialmente se mantenga que lo hizo a título personal.
Zuppi
es uno de los líderes históricos de la Comunidad de San Egidio,
asociación que actúa siempre como avanzadilla del Vaticano en la
resolución de conflictos en todo el mundo. Con resultados muy
satisfactorios, como en Mozambique o Irlanda.
De hecho,
el arzobispo ya medió con ETA en 1995, cuando la Comunidad de San
Egidio, de la que entonces formaba parte como simple sacerdote, intentó,
a petición de Elkarri, impulsar una negociación con la banda que finalmente no prosperó.
Por
otra parte, la conexión del Gobierno vasco con la troika episcopal de
Euskadi no fluye como en ocasiones anteriores. De ahí el acercamiento de
Iñigo Urkullu a Roma. El lehendakari estuvo recientemente en El
Vaticano, reunido con el Secretario de Estado, cardenal Parolin, amigo de monseñor Uriarte, el obispo emérito de San Sebastián.
Urkullu
no sólo ha estado en la sede de San Egidio, sino que, además, su
Gobierno le concedió recientemente un premio a esta comunidad religiosa.
Mónica Álvarez
Viernes, 10 de Abril de 2015 - 20:32
“De las patologías que pueden aparecer en el feto,
la cardiopatía congénita es la más frecuente y la menos diagnosticada".
Así lo afirma José María Martínez, coordinador de la Unidad de Medicina
Fetal del Centro de Medicina Materno-Fetal y Neonatología de los
hospitales Clínico y San Juan de Dios, ambos en Barcelona. A pesar de
que los avances tecnológicos y los profesionales que los manejan están
cada vez más preparados y visualizan aspectos que anteriormente no era
posible descifrar, las dificultades para su detección antes del
nacimiento siguen siendo uno de los principales problemas asociados a la
cardiopatía congénita, considerada como una enfermedad rara por su baja
incidencia, pero con una gran carga patológica y social.
"Una detección temprana intraútero reduce el riesgo de
morbimortalidad en el nacimiento. Este diagnóstico puede considerarse
como una forma de tratamiento, aunque no se está actuando
terapéuticamente, porque se facilita que el niño nazca en las mejores
condiciones y en los centros más experimentados en una patología cuya
falta de diagnóstico puede suponer un desenlace fatal", señala Martínez.
El segundo objetivo del diagnóstico prenatal sería buscar
las anomalías y síndromes asociados. "Por ejemplo, en algunos tipos de
cardiopatía la mitad de los afectados presenta también síndrome de Down.
En otros grupos, hasta el 20-25 por ciento presenta algún síndrome
genético", añade Martínez. También habría que considerar que algunas
cardiopatías son tan extremas, graves y de tan mal pronóstico, que
suelen ser incompatibles con la vida o con la posibilidad de que el niño
crezca sano.
El jefe de la Unidad de Medicina Fetal del Servicio de
Ginecología y Obstetricia del Hospital 12 de Octubre, de Madrid, Alberto
Galindo, asegura sin embargo que las cardiopatías se pueden
diagnosticar desde etapas muy precoces del embarazo. “La sospecha o
signo indirecto de que existe un defecto en el corazón puede obtenerse
alrededor de las 12-13 semanas, periodo en el que se realizan estudios
globales del feto.
El diagnóstico suele realizarse en torno a la 20 semana gestacional,
momento en el que también se abre la posibilidad de actuar
terapéuticamente sobre el niño. Antes, es prácticamente imposible por el
tamaño de las estructuras cardiacas y por los dispositivos actuales",
explica.
A partir de ese momento, “se puede intervenir directamente sobre el corazón fetal, con éxito, en las alteraciones del ritmo cardiaco,
administrando fármacos a la madre. La terapia intervencionista
intraútero se limita actualmente a obstrucciones graves de los dos
ventrículos, así como al cierre prematuro del tabique interauricular",
indica Galindo.
El Ministerio del Interior de Francia ha anunciado este domingo que el imán suizo de origen egipcio Hani Ramadan ha sido expulsado del país por suponer una amenaza para el orden público y defender la lapidación de las mujeres.
Ramadan, que fue detenido en Colmar, en el noreste del país, cuando se disponía a participar en una conferencia, ha sido escoltado por la Policía francesa hasta la frontera con Suiza,
según ha publicado el diario «Le Monde», que indica que el religioso
está a favor de la sharia (ley islámica) y defiende la violencia contra
las mujeres.
«El ministro del Interior, Matthias Fekl, ha
ordenado que Ramadan regrese a Suiza», han indicado las autoridades en
un comunicado. «Las fuerzas de seguridad están plenamente movilizadas y continúan luchando contra el extremismo y la radicalización», ha informado el Ministerio.
El imán suizo, nieto del fundador del movimiento islámico egipcio Hermanos Musulmanes, era objeto de una prohibición administrativa «por su comportamiento en el pasado» desde el viernes.
Las autoridades de Francia se encuentran en máxima alerta debido a los ataques que
han tenido lugar durante los últimos años en el país, donde han muerto
más de 230 personas. El terrorismo y la amenaza del radicalismo
islamista ha levantado la polémica de cara a las elecciones
presidenciales francesas.
Un reportaje de la televisión danesa grabado con cámara oculta en varias mezquitas de Aarhus (Dinamarca) ha puesto en el ojo del huracán las enseñanzas de los imanes y
ha provocado un debate en la sociedad danesa por el choque cultural que
supone fomentar ciertas prácticas en un país donde no tiene cabida
cuestionar los derechos de las mujeres.
Como primera medida, el ayuntamiento de Aarhus ha retirado su apoyo para la construcción de una gran mezquita en la ciudad, según ha declarado el alcalde Jacob Bundsgaard. «La libertad religiosa es un principio fundamental en Dinamarca,
pero cuando salen estos hechos a la luz, tengo problemas para ver que
este proyecto siga adelante. La confianza ha desaparecido», explicó
Bundsgaard a TV2.
En la serie de reportajes de la
televisión danesa Moskeerne bag sløret (Mezquitas detrás del velo) se
puede ver al imán de la mezquita Grimhøg, Abu Bilal Ismael, explicar las
consecuencias para las mujeres que cometen adulterio. «Si una mujer
casada o divorciada fornica y no es virgen, debe ser lapidada hasta la
muerte…Si es virgen, el castigo serán los latigazos». En otra de las
charlas, un imán invitado enseña a las madres cómo deben aplicar castigos corporales a sus hijos cuando no rezan.
«No está permitido darles puñetazos, golpearlos contra la pared o
romperles los huesos. Tampoco hay que coger un cuchillo y hacerles
cortes. Hay que pegarlos para educarlos y para que aprendan. Pero no con
violencia». Además, en otro de los programas se descubrió la existencia
de un tribunal de tres expertos islámicos que aplicaba la sharia y que
impidió el divorcio a una mujer que había sido víctima de violencia
doméstica. Tras la denuncia de estas prácticas, el tribunal ha decidido
disolverse por «respeto a los valores daneses».
Ministros y parlamentarios de todos los partidos han entrado
en el debate y, entre las medidas que se barajan, está la de deportar a
los imanes extremistas que ataquen la democracia o defiendan el uso de
la violencia. La mezquita de Grimhøg ya fue objeto de controversias el pasado año al declarar su apoyo a Daesh y pedir la muerte de los judíos.
Además, la policía cree que más de 20 terroristas que han salido de
Dinamarca para luchar en Siria e Irak eran fieles que acudían con
regularidad a esta mezquita. Por su parte, los imanes se quejan de haber
sido engañados por los «espías» de la cadena televisiva para elaborar
el reportaje.
Un padre sirio abraza a sus bebés gemelos, muertos en el ataque químico de Idlib
La tragedia también le ha arrebatado a su mujer y a otros 16 miembros de su familia
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Abdulhamid al-Youssef solloza mientras abraza los cuerpos sin vida de sus hijos,
dos bebés gemelos envueltos en unas mantas blancas. Ahmad and Aya, de
nueve meses, murieron en la mañana del martes, durante el ataque químico que asoló Khan Sheikhoun, en Idlib,
al norte Siria. La tragedia también le ha arrebatado a su mujer y a
otros 16 miembros de su familia. Al-Youssef los ha enterrado a todos
este miércoles en una fosa común.
Según cuenta el diario británico The Telegraph,
el hombre, de 29 años, estaba trabajando cuando el ataque golpeó su
ciudad, poco después de las 6.30 horas. En cuanto su esposa le llamó
para contarle lo que estaba pasando, él acudió corriendo a su casa para estar con su familia.
Todos parecían estar bien, pero, por precaución, se desplazaron juntos
al sótano de un edificio cercano; un lugar más seguro si se producía
otro ataque. Sin embargo, una hora después, la salud de los familiares
de Al-Youssef empezó a deteriorarse.
Alaa, primo de Al-Youssef’s relata: «De repente, los gemelos comenzaron a tener dificultades para respirar.
Entonces, [Al-Youssef] vio que los gases también habían afectado a su
mujer, a su hermano y sus sobrinos. Todos murieron en el sótano, no les dio tiempo a acudir al hospital».
Al-Youssef abrazó a sus hijos por última vez, antes de
dejarlos tendidos en la tierra; una imagen que ahora se ha convertido en
un símbolo del horror de la guerra, uno más. Aparte de un moretón en la
mejilla de Ahmad, los bebés no presentaban ni marcas ni heridas. «Los ataques químicos no dejan señales»,
exlica Mamoun Najem, médico en el hospital, en Idlib. «Estos gases son
asesinos silenciosos que trabajan en el cuerpo lentamente». Él vio cómo
decenas de pacientes llegaban desde la mañana hasta la tarde. Nunca
había atendido este tipo de casos de envenenamiento antes. «Sus pupilas
eran tan pequeñas como cabezas de alfileres, su piel estaba muy fría. Eran inexpresivos como zombies», cuenta.
Una
enfermera del hospital explica a The Telegraph: «Tras el ataque, un
olor raro se metió en el hospital, como de carne podrida. Era un caso
totalmente diferente a todo lo que había visto hasta entonces. Las víctimas vomitaban un líquido amarillo oscuro, a veces marrón. La capacidad respiratoria mermaba. Los niños morían más rápido que los mayores».
El balance de víctimas mortales del ataque químico, confirmado por este jueves por Turquía, ascendió este miércoles a 86,
entre ellas 30 niños, según ha informado el Observatorio Sirio por los
Derechos Humanos. El organismo, con sede en Londres e informantes en el
país árabe, ha indicado que el número de muertos podría aumentar en las
próximas horas, ya que varios de los heridos se encuentran en estado
crítico. No obstante, según el balance proporcionado por la Unión de
Organizaciones de Asistencia Médica y de Socorro (UOSSM), al menos cien personas han muerto y unas 400 han sido atendidas con síntomas de asfixia tras el supuesto ataque químico.
La
inmensa mayoría de la comunidad internacional ha acusado al Gobierno de
Bashar al Assad de estar detrás del ataque en la localidad, controlada
por los rebeldes. Sin embargo, el Gobierno de Rusia ha afirmado este mismo miércoles que el Ejército sirio bombardeó una fábrica de armas químicas en la localidad, descartando un ataque químico por parte de las fuerzas gubernamentales.
Por su parte, el Ministerio de Exteriores sirio ha negado la
implicación del Gobierno en el ataque, afirmando que se trata de
«acusaciones inventadas» para entorpecer la «lucha contra el terrorismo»
que se libra en el país.
Las víctimas exigen a los etarras que ayuden a esclarecer más de 300 asesinatos
«Hacen teatro, son terroristas, no
gilipollas», dice el presidente de la AVT: «Hay que seguir
persiguiéndolos y mantener la dispersión de los presos»
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El
capítulo de ETA en la historia de España no se va a cerrar hasta que no
se haga justicia y todavía hay 312 víctimas mortales sin autor
condenado en 245 atentados, sin contar los amnistiados en 1977. Las
víctimas de ETA denuncian que el desarme del fin de semana es un «paripé» que busca blanquear a la banda y
que para pasar página es imprescindible que los terroristas colaboren
con la justicia. No obstante, sus esperanzas son poco más que cero. Alfonso Sánchez,
presidente de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), lo asegura
sin ambages a ABC: «Son terroristas pero no gilipollas. Han destruido
armas y las que entregan no van a contribuir a esclarecer asesinatos
pendientes. Hasta las han lavado con lejía para quitar restos de ADN».
Alfonso
Sánchez sostiene que la entrega del sábado es un «cirquillo, una broma»
y denuncia que en el fondo buscan «sacar rédito con los presos, 350
entre España y Francia». Pero desde la AVT insisten en que el preso
etarra que quiera un beneficio penitenciario «que colabore con la justicia,
que eso está recogido en la vía Nanclares». El líder de la asociación
lamenta que «los pocos que se han acogido no han colaborado» para
esclarecer los más de 300 asesinatos sin autor conocido y no cree que
«vayan a colaborar nunca».
Por eso creen necesario que se mantenga la política de
dispersión de los presos y que «cumplan sus condenas»: «No queremos que
fusilen a nadie ni cadena perpetua, pero los condenados, ni un día menos
de cárcel».
Terroristas reclamados
Desde la AVT
también abogan por que la justicia siga contando con medios para
continuar las investigaciones abiertas, porque «hay que seguir
persiguiendo a los etarras». Alfonso Sánchez recuerda que hay
extradiciones pendientes, las de etarras que se refugiaron fuera de
España tras las conversaciones de Argel. La AVT, que las solicitó en
1997, recuerda que «solo uno de los terroristas reclamados tiene cinco
asesinatos pendientes». De hecho, los últimos juicios celebrados en la
Audiencia Nacional se lograron gracias a las extradiciones de México, que supusieron la reapertura de once casos. Carmen Ladrón de Guevara,
abogada de la AVT, se felicita de la reapertura de una veintena de
casos, de los que «se han resuelto doce desde que hicimos el informe de
situación, en 2011». Entre los reabiertos está el asesinato del
magistrado de la Sala Quinta de lo Militar del Tribunal Supremo y
general de la Armada José Francisco Querol, su escolta y su chófer en
octubre del año 2000.
El agente de la Ertzaintza Josu Puelles,
vicepresidente de Covite y hermano del inspector de Policía Nacional
asesinado Eduardo Puelles, asevera que «lo principal no es que entreguen
los arsenales, sino que se entreguen ellos mismos, que se dejen de
pistolitas y pasen por la Justicia para que sean juzgados con todas las
garantías de nuestro Estado de Derecho», informa Adrián Mateos.
El
cese de ETA se ha traducido, lógicamente, en una reordenación de los
recursos de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Especialistas
en terrorismo de la Policía y la Guardia Civil han sido destinados a la lucha contra el yihadismo,
la gran amenaza mundial para Occidente. Pese a esto, hay un remanente
que sigue trabajando en casos de ETA sin resolver, entre sobreseídos,
prescritos y amnistiados.
«El dolor de las víctimas no
prescribe nunca, los padres que le han matado a un hijo, los hermanos...
Ese vacío está siempre y queremos que haya justicia porque las familias
no han sido capaces de cerrar ese luto». Las víctimas contemplan ahora,
perplejos, a los que se denominan «artesanos de la paz» y han estado
años «mirando al techo», denuncia el presidente de la AVT.
Por otro lado, como desveló ABC el pasado enero,
el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha reabierto la
investigación del asesinato etarra del guardia civil Antonio Ramírez
Gallardo y su novia, Hortensia González Ruiz, ametrallados en Beasain
(Guipúzcoa) el 6 de enero de 1979. El crimen estaba prescrito, pero los
argumentos esgrimidos por el fiscal se pueden traducir en la reapertura
de muchos más casos. Tras el escrito presentando por el abogado Santiago
Milans del Bosch, en colaboración con la Fundación Villacisneros, la
Fiscalía de la Audiencia Nacional razonó que aunque el atentado en sí
pueda estar prescrito, hay otro delito cometido por los etarras, el de
integración en organización terrorista o banda armada, que «es de tracto
sucesivo, es decir, se realiza mientras que la persona o personas se
encuentren integradas en dicha Organización».
El representante del Ministerio Público incide en que el delito de pertenencia «solo deja de cometerse cuando las personas integradas han sido detenidas o se desvinculan de
la Organización terrorista, extremos estos que a día de hoy no se
acreditan, por la razón de desconocerse los autores materiales». Por
todo ello, hay que investigar para descubrir a los autores y después se
verá si se puede proceder contra ellos. La Policía y la Guardia Civil
están recabando toda la información de este atentado, cruzando datos de
investigaciones posteriores, para entregar un informe al juez.
Memoria y justicia
Todos los colectivos de víctimas hacen hincapié en la importancia de esclarecer los asesinatos no resueltos. Daniel Portero,
presidente de Dignidad y Justicia, ha instado al Gobierno a mantener la
política de dispersión de los presos no sólo hasta que se disuelva ETA,
«sino hasta que los terroristas aporten la información precisa para
esclarecer los atentados sin resolver». Portero insiste en que casi la
mitad de los más de 800 asesinatos de ETA aún no se ha resuelto. Por
ello, entiende que «por mucho que haya disolución», ETA «no puede
recibir contraprestaciones».
Mientras, Mari Mar Blanco,
presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, considera que lo
que hay que hacer es trabajar por la «memoria, dignidad y justicia» de
las víctimas.
He tardado 25 años en darme cuenta que en las peliculas se habla de alguien a modo de metáfora. Es decir que por ejemplo en Pretty Woman, Richard Guere cuando habla de su padre está realmente hablando de alguien importante , de una figura para la sociedad famosa pero como no pueden hablar de esa persona crean una metáfora para hablar de ella y que mucha gente que ve la película sepa cual es la trama de verdad y por eso algunos estrenos de películas tienen tanto morbo.
Oí algo hace años pero no lo entendí. Esto puede ser una idea mia que esté equivocada y realmente los de la película Pretty Woman esten hablando del padre cuando hablan del padre y no de otra persona.